¿Y tú por quién votas? La trampa democrática detrás de 13 boletas

Por: Lorena Meeser

Una elección a ciegas: la democracia simulada del nuevo Poder Judicial

El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un hecho inédito: por primera vez en la historia, los ciudadanos podrán elegir por voto directo a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, fue presentada como una vía para democratizar la justicia y transparentar el funcionamiento de una de las instituciones más cerradas del Estado mexicano.

Sin embargo, la implementación del proceso ha generado un cúmulo de críticas, dudas técnicas y advertencias sobre el posible deterioro de la independencia judicial. A pesar de sus objetivos, la elección del Poder Judicial podría convertirse en una trampa democrática.

¿Qué se vota y cómo se vota?

En la elección del 1 de junio renovarán 881 cargos federales, entre ellos:

• Dos Magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), responsables de resolver controversias electorales y validar elecciones presidenciales.  (Boleta Azul)

• Quince Magistraturas en las Salas Regionales del TEPJF.  (Boleta Durazno)

• Cinco cargos en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano que fiscaliza el comportamiento ético del personal judicial.  (Boleta Turquesa)

• Cuatrocientos sesenta y cuatro Magistraturas de circuito encargadas de establecer jurisprudencia.  (Boleta Rosa)

• Jueces de Distrito, quienes también serán electos para un periodo de nueve años, con posibilidad de reelección. (Boleta Amarilla)

• Ministros y Ministras de la SCJN (Boleta Morada)

El proceso establece como requisitos mínimos ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener más de 30 años, título en Derecho y cinco años de experiencia profesional. Además, los nuevos funcionarios deberán someterse a evaluaciones periódicas para verificar su competencia técnica y ética.

El escrutinio de votos se llevará a cabo del 1 al 10 de junio; los resultados oficiales se anunciarán el 15 de junio, y las impugnaciones deberán resolverse antes del 28 de agosto. Los funcionarios electos rendirán protesta ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.

La tómbola judicial

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la manera en la que se seleccionaron a los candidatos. Para evitar favoritismos o imposiciones partidistas, se adoptó un mecanismo de insaculación —una especie de tómbola— en la que se eligieron de manera aleatoria a los aspirantes de entre miles de registrados. Si bien esto pretendía asegurar imparcialidad, el método fue fuertemente cuestionado por eliminar criterios de evaluación técnica, méritos profesionales o historial ético. Así, el azar reemplazó al escrutinio profesional, dejando en manos del destino la selección de quienes impartirán justicia.

La paradoja democrática

Aunque el proceso se promueve como un acto de empoderamiento ciudadano, múltiples voces han advertido que su diseño carece de los elementos esenciales de una elección democrática efectiva:

• En algunos estados, como la Ciudad de México y en Querétaro, cada elector recibirá entre alrededor de 6 boletas para votar. Esta carga es abrumadora y poco realista.

• La mayoría de los candidatos no tiene afiliación política ni exposición pública, lo que impide al ciudadano promedio emitir un voto informado.

• No hay campañas activas, ni propuestas judiciales, ni mecanismos oficiales para conocer a fondo los perfiles.

Acordeones electorales

Esto ha provocado la proliferación de los llamados “acordeones electorales”: listas impresas o digitales distribuidas por partidos, sindicatos, operadores políticos o incluso grupos del poder fáctico y de los mismos candidatos que indican por quién votar.

El voto en una democracia representativa debe ser universal, libre, directo y secreto, pero también informado y efectivo y mediante este proceso se está convirtiendo en una imposición mediada por terceros, vulnerando la autonomía del votante, lo que refuerza clientelismo político, posibilita la coacción del voto en zonas controladas por actores criminales o políticos y reduce el proceso a un ejercicio simbólico, más cercano a una simulación democrática.

Las críticas al proceso: Demagogia y riesgos para la democracia

• Errores conceptuales: el desajuste entre la división electoral (secciones y distritos) y la organización del Poder Judicial (circuitos y juzgados) genera una confusión insalvable para el elector.

• Desinformación estructural: la falta de conocimiento sobre las funciones judiciales augura una participación ciudadana inferior al 20%, y en algunos análisis, incluso menor al 10%.

• Politización y captura del sistema judicial: abrir el proceso a la voluntad popular sin contrapesos profesionales ni evaluación objetiva puede derivar en la colonización del Poder Judicial convirtiéndolo en un órgano susceptible a influencias políticas y del crimen organizado

• Campañas sin financiamiento: al no contar con fondos públicos ni permitir la recaudación privada, los candidatos están inermes para darse a conocer, generando desigualdades invisibles y una enorme desventaja para quienes no tienen acceso a redes de poder.

Retos y desafíos

El proceso enfrenta retos adicionales muy preocupantes:

• Seguridad: en estados como Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, la violencia impide que los candidatos hagan campaña libremente.

• Logística electoral: el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no tiene claridad sobre los lugares en donde se instalarán las casillas pues han recibido varias amenazas.

• Voto desinformado: el desconocimiento generalizado de los cargos y candidatos convierte el sufragio en una decisión a ciegas, propensa al error o la manipulación.

Una elección sin sentido democrático

La elección judicial del 1 de junio puede verse como una iniciativa con apariencia democrática pero vacía de contenido real. A nivel estructural, se presenta como un ejercicio de empoderamiento ciudadano, pero en realidad:

• Elimina mecanismos de especialización y mérito.

• Desplaza el control del Poder Judicial hacia fuerzas populares altamente manipulables.

• Favorece la politización, la desinformación y la instrumentalización del aparato judicial.

¿Quién gana con esta reforma?

Si el voto no es informado, libre ni directo, ¿puede llamarse democrático? Esta elección, más que democratizar la justicia, la expone al control de actores con capacidad de movilización y control territorial: partidos, caciques regionales, operadores del crimen organizado y, sobre todo, el poder político que diseñó la reforma y que busca una justicia subordinada, “elegida por el pueblo” pero funcional al oficialismo.

México se encuentra ante una paradoja: un proceso que promete acercar el poder judicial al pueblo, pero que puede terminar alejándolo aún más de la justicia imparcial, profesional e independiente. Una elección sin información, sin propuestas, sin financiamiento ni claridad logística no empodera al ciudadano. Lo confunde. Y en democracia, la confusión no es participación, es control disfrazado.

Riesgos identificados por el sector empresarial

• Incertidumbre jurídica y pérdida de confianza: La elección popular de jueces podría comprometer la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, elementos esenciales para garantizar la seguridad jurídica en las inversiones. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, señaló que esta reforma introduce un nivel de incertidumbre que puede minar la confianza en un sistema judicial que debería ser un pilar de certeza jurídica para las inversiones. 

• Desincentivo a la inversión extranjera directa: La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma judicial podría afectar la captación de inversión extranjera directa en un contexto global favorable para México. La incertidumbre generada por la reforma plantea riesgos significativos que podrían afectar la independencia judicial y la estabilidad jurídica en el país. 

• Posible impacto en la calificación crediticia: La agencia calificadora Moody’s alertó que las modificaciones constitucionales podrían deteriorar los controles y equilibrios, socavando la fortaleza económica y fiscal de México. Esto podría tener implicaciones crediticias significativas para la calidad crediticia soberana del país. 

• Aumento de riesgos financieros y económicos: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que la reforma judicial incrementa los riesgos financieros de las empresas y del país, lo que impactaría en la estabilidad y crecimiento económico. Esto podría propiciar una mayor volatilidad en el tipo de cambio y dificultades en la capacidad de financiamiento, tanto del país como de sus empresas. 

El sector empresarial considera que la reforma al Poder Judicial, tal como ha sido planteada, podría generar un entorno de incertidumbre jurídica que desincentive la inversión y afecte negativamente la estabilidad económica del país. Las preocupaciones se centran en la posible politización del sistema judicial, la falta de criterios claros para la selección de jueces y la debilidad en los controles institucionales. Estas circunstancias podrían comprometer la confianza de los inversionistas y afectar el crecimiento económico de México.

Tal parece que el 1 de junio empezará una nueva era en México: el regreso a los viejos tiempos de unipartidismo y la antidemocracia.

¿Seguirá imperando esta premisa después del 1 de junio, o quedará en el anecdotario mexicano?

El Poder Judicial es la “Potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución”, así como de “Administrar la justicia de un país” a través de la aplicación de leyes y reglamentos preestablecidos.

Su objeto es administrar justicia: «La función judicial está obligada a impartir justicia siguiendo lo que señalen las normas y no el capricho de los jueces».